Grupo Parlamentario Interamericano sobre Población y Desarrollo

Yo provengo de un hogar humilde, de origen campesino; mi madre, trabajadora doméstica, y mi padre, jornalero, nunca asistieron a una escuela porque los servicios públicos no llegaban hasta el caserío donde vivíamos. Ellos formaron una familia de 13 hijos e hijas.

Mi familia al igual que miles de otras, sufrió en carne propia los efectos de la injusticia social y económica. Desafortunadamente, a muy temprana edad, viví una dura realidad junto a mi familia, como parte de una comunidad que fue objeto de constantes violaciones a los derechos humanos. Fue allí, defendiendo la vida y nuestros derechos, donde aprendí a velar por los demás y donde comprendí que el derecho a la tenencia de la tierra, al trabajo digno, a la educación, y a la salud son derechos inalienables de todo ser humano.

Mi lucha personal por sobrevivir me costó dolor y sufrimiento, acusaciones, maltratos, tortura y hasta la muerte de mis seres queridos. Este conflicto armado, que duró casi 12 años y sesgó las vidas de miles de personas, desplazando a miles de ellas, me enseñó que la pobreza tiene efectos devastadores, que permanecen con nosotros de por vida. Mi familia y yo vivimos el desplazamiento, el hambre, los bombardeos y la persecución militar en forma casi permanente. La guerra destruyó a mi familia; mi padre fue asesinado y 8 de mis 13 hermanos y hermanas fallecieron a consecuencia del conflicto armado en El Salvador.

Esta vivencia personal y familiar marcó la historia y el futuro de nuestras vidas; a mi corta edad entendí cuán importante es la vida y que cualquier sacrificio vale la pena por el respeto a los derechos humanos. El sufrimiento que padecí me enseñó el verdadero significado de la solidaridad y del compromiso con quienes más lo necesitan: los más pobres y desposeídos. También soy madre y esto ha motivado aun más mi lucha por asegurarles a mis hijos, así como a las generaciones venideras, un país digno, justo, próspero e igualitario, donde como principio fundamental se respeten los derechos más elementales de las personas.

Desde los 14 años, he dedicado mi vida a la lucha por un mundo más justo y equitativo. Como miembro activo de mi partido político, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), tuve la importante responsabilidad de organizar y consolidar el trabajo de los(as) jóvenes en mi país y de las mujeres políticas de mi partido. Ahora que soy parlamentaria del FMLN ante la Asamblea Legislativa de El Salvador, me he dedicado a temas de Derechos Humanos, concentrándome especialmente en los derechos de las mujeres. Hoy en día, estoy profundamente convencida de que nuestras naciones pueden cambiar: es cuestión de asumir una responsabilidad individual y un mayor compromiso social y político. Es necesario tomar conciencia de que los(as) jóvenes y las mujeres merecen un nivel de desarrollo que dignifique sus vidas y las de sus familias.

Con mi experiencia de trabajo comunitario como activista de derechos humanos, me he podido dar cuenta del nivel de vulnerabilidad al que están expuestas nuestras mujeres, no solo por falta de apoyo en el área de la salud sino también por carecer de educación e información básica. Por ejemplo, yo pude lograr lo que muchas niñas no pueden conseguir: acceso a la educación. Hoy por hoy me gradué de comunicaciones y hace dos años obtuve la Maestría en Desarrollo Social.

En El Salvador, nuestras mujeres se están muriendo por hemorragias, infecciones, cáncer cervicouterino y suicidio en el caso de mujeres embarazadas, por causas que son prevenibles. Es necesario adoptar políticas públicas que tengan un enfoque de género y que permitan promover el respeto por los derechos humanos de las mujeres dentro del ámbito relacionado con la salud, reforzándose, por ejemplo, el acceso a servicios de salud reproductiva adecuados y oportunos, el acceso a la planificación familiar, el acceso a la información y a la educación sexual, así como a una maternidad segura. En este sentido, existen instrumentos internacionales que han sido adoptados por los gobiernos y que incluyen estos derechos fundamentales para mejorar la calidad de vida de nuestras mujeres y de nuestros jóvenes, tales como el Programa de Acción de El Cairo y los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

Como funcionarios(as) públicos, tenemos la obligación y el compromiso de trabajar y respaldar todo tipo de iniciativas y acuerdos internacionales que vayan encaminados a promover los derechos de las mujeres y de la población en general. Es imposible hablar del cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo del Milenio sin llegar previamente a la erradicación de la extrema pobreza y del hambre. En el contexto de nuestros países, se hace prioritario actuar con plena responsabilidad y compromiso sobre los temas de población y desarrollo y la salud sexual y reproductiva.

Me siento orgullosa y honrada de poder trabajar, junto a mis colegas parlamentarios(as), tanto a nivel nacional como internacional, para que estos temas de justicia social, equidad y género, formen parte de una agenda de trabajo integral, dentro del marco de los derechos humanos. Mi experiencia personal le ha dado una profunda razón a mi vida, y ha reforzado mi deseo de conquistar la paz y la justicia social para todas las personas, aceptando los retos por muy difíciles que estos sean.