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A través de actividades de
promoción
y difusión (advocacy), de diseminación
de información, de establecimiento de vínculos,
y de capacitación y asistencia técnica,
el GPI trabaja con legisladores(as), funcionarios(as)
electos y demás oficiales gubernamentales
de la región con la finalidad de generar
un mayor nivel de concientización en el campo
de la población y el desarrollo desde una
perspectiva de derecho. El GPI trabaja en temas
de actualidad en el área de población
y desarrollo, tales como:
Salud y Derechos Sexuales y Reproductivos
El Programa de Acción adoptado en la Conferencia
Internacional sobre Población y Desarrollo
de 1994 (CIPD) define a la salud reproductiva como “…un
estado general de bienestar físico, mental
y social, y no de mera ausencia de enfermedades
o dolencias, en todos los aspectos relacionados
con el sistema reproductivo y sus funciones y procesos.
En consecuencia, la salud reproductiva entraña
la capacidad de disfrutar de una vida sexual satisfactoria
y sin riesgos de procrear, y la libertad para decidir
hacerlo o no hacerlo, cuándo y con que frecuencia.” (Párrafo
7.2)
De acuerdo con la Legislación Internacional
en el campo de los Derechos Humanos, los derechos
reproductivos abarcan un número de derechos
básicos que se encuentran reconocidos en
diferentes instrumentos internacionales sobre
derechos humanos firmados y ratificados por los
diferentes gobiernos del mundo. Tales derechos incluyen
el derecho a la salud; a la planificación
familiar; a la privacidad; a la vida, libertad y
seguridad; a no padecer discriminación y
a estar libre de actos de violencia. El Programa
de Acción también indica que “esos
derechos se basan en el reconocimiento del derecho
básico de todas las parejas e individuos
a decidir libre y responsablemente el número
de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y
el intervalo entre éstos y a disponer de
la información y de los medios para ello
y al derecho a alcanzar el nivel más elevado
de salud sexual y reproductiva. También incluye
su derecho a adoptar decisiones relativas a la reproducción
sin sufrir discriminación, coacciones ni
violencia, de conformidad con lo establecido en
los documentos de derechos humanos.” (Párrafo
7.3)
La mayoría de los países de América
Latina y el Caribe continúan teniendo lagunas
legislativas en este tipo de temas y carecen de
mecanismos efectivos que permitan monitorear y resguardar
la salud y los derechos sexuales y reproductivos
de las personas.
Violencia basada en género
La comunidad internacional ha reconocido formalmente
la importancia de desarrollar e implementar políticas
y leyes destinadas a prevenir y eliminar la violencia
basada en género. La Declaración sobre
la Eliminación de la Violencia contra la
Mujer (Asamblea General de la ONU, 1993), y la Plataforma
de Acción (Cuarta Conferencia Internacional
sobre la Mujer, 1995) definen la violencia basada
en género como una forma de discriminación
que impide a las mujeres participar de forma plena
en la sociedad y desarrollar su pleno potencial
como seres humanos.
La violencia contra las mujeres, y especialmente
la violencia sexual, resulta violatoria del derecho
de las mujeres a decidir y controlar su propia sexualidad
y reproducción. También despoja a
la víctima del derecho a disfrutar una vida
sexual satisfactoria y saludable, que constituye
una parte integral del desarrollo personal y de
las relaciones saludables. Aunque existen numerosas
leyes en la región que abordan la temática
de la violencia, aún queda mucho camino por
recorrer en este tema, especialmente en lo que respecta
a la implementación de la legislación
pertinente y a la prevención de la violencia
basada en género.
VIH/SIDA
De acuerdo con informes de ONUSIDA, en América
Latina y el Caribe existen 1,9 millones de personas
viviendo con VIH. Además, la subregión
del Caribe es una de las regiones del mundo que
ha sido más duramente afectada por la epidemia,
con una tasa de infección de VIH sólo
superada por África subsahariana.
El estigma y la discriminación asociados
a esta enfermedad y la marginalización de
las personas que viven con VIH/SIDA (PVVS) han resultado
en frecuentes violaciones a sus derechos humanos
básicos y han afectado a los sectores menos
educados y más marginalizados de la sociedad.
Resulta de suma importancia aumentar los niveles
de apoyo a los programas destinados a combatir el
VIH/SIDA, especialmente entre los adolescentes,
de manera tal de poder combatir de manera efectiva
la epidemia en la región, incluso a través
de la aprobación de leyes y reglamentaciones
que promuevan la educación pública
sobre este tema y la prevención y el tratamiento
de esta enfermedad, de manera tal de resguardar
los derechos y el bienestar de las personas afectadas.
Adolescentes
Casi la mitad de la población de América
Latina y el Caribe es menor de 20 años de
edad y un tercio de las adolescentes menores de
20 años ya han dado a luz. Las leyes y reglamentaciones
específicas sobre la salud sexual y reproductiva
de los adolescentes desde una perspectiva post-Cairo
y post-Beijing aún son demasiado incipientes
en la región, aunque se están logrando
avances notables en la actualidad. Un puñado
de países ha marcado el rumbo en este campo,
dando ejemplos importantes de un enfoque legislativo
más comprensivo. Los derechos sexuales y
reproductivos de los adolescentes deben ser reconocidos
para poder empoderar a las personas jóvenes,
especialmente a las mujeres. Los mecanismos de monitoreo
que permiten asegurar la implementación de
este tipo de leyes y programas son especialmente
necesarios en el caso de los adolescentes dados
los altos niveles de resistencia que encuentran
al momento de obtener información relevante
y servicios adecuados.
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